La guerra de Rusia contra Ucrania lleva más de doce años, cuatro años y medio de ellos a gran escala. Los niños son uno de los grupos más vulnerables que sufren las consecuencias de la guerra.  A septiembre de 2026, se ha confirmado oficialmente la deportación o el traslado forzoso de más de 20.000 niños ucranianos. Sin embargo, la cifra exacta sigue siendo desconocida y podría ser considerablemente mayor. A lo largo de los años de guerra, una práctica que inicialmente se presentaba como “evacuación” o “adopción” se ha convertido en una política sistemática destinada a separar a los niños de sus familias, de su entorno ucraniano y de su identidad.

No es una práctica nueva

Los crímenes de Rusia contra los niños ucranianos no tienen precedentes por su magnitud; sin embargo, la práctica de secuestrar niños y borrar a la fuerza sus identidades no es nueva.

La Alemania nazi secuestraba a niños de los países ocupados que consideraba aptos para la “germanización”: les cambiaban los nombres, les prohibían hablar su lengua materna y los entregaban a familias alemanas. En la URSS, durante el Gran Terror, a los hijos de padres represados también se les separaba de sus familias, se les enviaba a orfanatos y, a menudo, a los más pequeños se les encarcelaba junto con sus madres.

Otro ejemplo fue el de Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983, donde los representantes del régimen se apropiaban ilegalmente de los hijos de opositores desaparecidos. Se les falsificaban los documentos y se les educaba en la ideología “correcta” bajo nombres ajenos, ocultando las circunstancias de su nacimiento y el destino de sus verdaderos padres. El proceso de identificación de los niños que en su día fueron “adoptados” por altos funcionarios y militares continúa en Argentina hasta el día de hoy.

En todos estos casos no se trataba solo de separar a los niños de sus familias, sino también de intentar determinar en qué tipo de personas se convertirían y a qué comunidad pertenecerían.

Cómo empezó todo

El secuestro y la deportación ilegal de niños ucranianos por parte de Rusia comenzaron inmediatamente después de la anexión de Crimea. Tras la celebración del «referéndum» ilegal en marzo de 2014, las autoridades de ocupación de la Federación Rusa bloquearon la salida de los niños hacia el territorio controlado por Ucrania y les concedieron de forma forzosa la nacionalidad rusa. Solo una pequeña parte (unas 60 niñas y niños) fue evacuada al territorio continental de Ucrania en los primeros días de la ocupación.

Foto: rubryka.com

Tras el establecimiento de un gobierno de ocupación en la península, Rusia extendió a Crimea el proyecto nacional “Tren de la esperanza”, que contaba con el apoyo de organizaciones civiles y medios de comunicación, en particular de la emisora estatal Radio Rossii. En el marco de este programa, se organizaba el traslado de ciudadanos de la Federación Rusa a Crimea para que pudieran seleccionar, adoptar y llevarse a niños huérfanos ucranianos a distintas regiones de Rusia. El 15 de octubre de 2014, los medios de comunicación locales de Crimea informaron de la llegada de uno de estos “trenes” a Sebastopol. Poco después, las “autoridades” controladas por el Kremlin informaron de la adopción y el traslado a la Federación Rusa de 12 huérfanos ucranianos. Pero esta es solo una de las acciones que tuvo repercusión pública.

Según datos de organizaciones de defensa de los derechos humanos (en particular, Crimea SOS y el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Crimea), en aquel momento había en Crimea unos 5.000 niños huérfanos y niños privados del cuidado parental. A algunos de ellos los trasladaron posteriormente de forma ilegal a Moscú, Adigueya y otras regiones de la Federación Rusa, donde les cambiaron la nacionalidad, los documentos y la identidad. Muchos de estos niños siguen hoy fuera del alcance del Estado ucraniano, y se desconoce cuál ha sido su destino posterior.

Ucrania reaccionó de inmediato: ya el 16 de octubre de 2014, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió una nota de protesta a Rusia. Kyiv enfatizó que la adopción de niños ucranianos por parte de ciudadanos extranjeros sin el consentimiento de Ucrania infringía la legislación ucraniana y los compromisos internacionales de Rusia.

Traslado forzoso del Donbás

En el verano de 2014, los combatientes prorrusos y las administraciones de ocupación en el Donbás comenzaron a trasladar ilegalmente a Rusia a grupos de niños huérfanos y de menores internados de centros de acogida. Los niños fueron trasladados, entre otros lugares, desde Mariinka, Donetsk, Lugansk y Snizhne; algunos de ellos, —concretamente los niños de la institución residencial de Snizhne— pudieron ser traídos de regresos gracias a la intervención de diplomáticos y defensores de los derechos humanos ucranianos. En vísperas de la invasión a gran escala, Rusia llevó a cabo traslados masivos de niños con el pretexto de una “evacuación” y, según datos de la Comisión de las Naciones Unidas, el 80 % de los casos documentados de dichas “evacuaciones” no culminaron con el regreso de los niños.

Después del 24 de febrero

Tras la invasión a gran escala, Rusia convirtió la deportación de niños ucranianos en una política generalizada y sistemática. Si en 2014 se hacía hincapié en su “adopción”, a partir del 24 de febrero de 2022 cobraron cada vez más importancia la “reeducación” forzosa, el lavado de cerebro y la militarización.

Los niños eran trasladados a regiones rusas, a la Crimea anexionada e incluso a Corea del Norte, donde acababan en campamentos como Songdowon (campamento infantil internacional en la RPDC, ed.). Estos viajes los organizaban organismos estatales rusos y organizaciones bajo su control, en particular el Movimiento de los Primeros, creado en 2022.

Antes de llevar a los niños a la Federación Rusa, se presionaba a los padres para que aceptaran viajes supuestamente a un “lugar seguro” con fines terapéuticos. Sin embargo, en lugar del mes de descanso prometido, la estancia podía prolongarse por tiempo indefinido.

La Crimea ocupada y otros territorios bajo control ruso se convirtieron en puntos clave para el traslado de niños ucranianos y su posterior integración en el espacio informativo y militar ruso.

Foto: ctrcenter.org

Pasar por la filtración

Un problema aparte fue la situación de los niños que, junto con sus padres, pasaban por la denominada “filtración”, un procedimiento de control al que las fuerzas rusas y las unidades bajo su control sometían a la población civil. Los observadores internacionales informaron de que, en los puntos de filtración, los padres y sus hijos eran separados con frecuencia: uno de los progenitores podía ser detenido por sospechas de mantener vínculos con las fuerzas armadas o las instituciones estatales ucranianas, mientras que el niño quedaba sin su compañía. Una comisión de la ONU documentó un caso en el que, tras la detención del padre en un punto de filtración, sus tres hijos, de entre siete y doce años, fueron trasladados inicialmente a un orfanato y a un hospital en territorio ocupado y, posteriormente, deportados a Rusia. En otro caso, documentado por Human Rights Watch, dos hermanos de 13 y 18 años fueron trasladados, tras la detención de su madre, a otra localidad, donde permanecieron 25 días sin tener contacto con ella; finalmente, su padre se los llevó a Rusia. De este modo, el camino de un menor hacia el sistema ruso podría no comenzar con su traslado directo, sino con la ruptura del vínculo con sus padres.

Menores internados

Los menores internados en instituciones de acogida y los niños con discapacidad se convirtieron en una categoría especialmente vulnerable. Los ocupantes presionaban a los educadores para que aceptaran el traslado de los niños, y a menudo ocultaban su paradero a los familiares y tutores legales. Los niños fueron acogidos en familias e instituciones de al menos 57 regiones de la Federación Rusa y en los territorios ocupados; se les concedía sistemáticamente la ciudadanía rusa y sus datos se introducían en bases de datos de adopción.

Un ejemplo conocido es el de octubre de 2022, cuando las fuerzas de ocupación rusas se llevaron a 84 menores del centro de acogida de Oleshky a la Crimea ocupada y al krái de Krasnodar. La mayoría de ellos eran menores de edad, y el traslado se llevó a cabo sin el consentimiento de sus familiares ni de sus representantes legales. En dos años y medio solo se ha conseguido traer de regreso a 11 de ellos.

Al mismo tiempo, Rusia utiliza a los niños deportados como instrumento de propaganda: los presenta como “rescatados”, tratando así de proyectar una imagen de supuesta humanidad y “preocupación” por parte de las autoridades rusas.

Foto: Ukrinform

Lo que es importante comprender

El traslado forzoso y la deportación son dos delitos internacionales similares, relacionados con el desplazamiento forzoso de personas desde su lugar de residencia legal. La principal diferencia radica en si cruzan o no una frontera internacional. Si las personas son trasladadas dentro de un mismo Estado o de un territorio ocupado, se trata de un desplazamiento forzoso; si se las traslada a otro Estado, se trata de una deportación. Por ejemplo, el traslado de niños desde la localidad ocupada de Snizhne a la Crimea ocupada constituye un desplazamiento forzoso, mientras que el traslado desde la Crimea a Rusia constituye una deportación.

Esta distinción tiene una gran importancia jurídica, ya que los fiscales deben demostrar cada uno de los elementos del delito, en particular el hecho de haber cruzado la frontera estatal en el caso de la deportación. Ambos actos constituyen una grave violación del Derecho internacional humanitario y pueden calificarse como crímenes de guerra.

En el caso de los niños ucranianos, esta distinción es especialmente importante, ya que Rusia los traslada tanto dentro de los territorios ocupados como a la Federación Rusa. Al mismo tiempo, cambian los documentos, la nacionalidad y el lugar de residencia de los niños, y se rompen sus vínculos con sus familias y con el entorno ucraniano.

En 2023, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova, delegada del presidente de la Federación Rusa para los derechos del niño, por su presunta comisión del crimen de guerra consistente en la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos.

En marzo de 2026, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania declaró que la deportación, el traslado forzoso y la desaparición forzada de niños ucranianos constituyen crímenes de lesa humanidad. Las pruebas recabadas indican que el secuestro de niños ucranianos por parte del Estado agresor no fue una serie de incidentes aleatorios, sino una política ideada e implementada al más alto nivel de la cúpula dirigente de Rusia.

Svitlana Shevtsova, Kyiv

Primera foto: zoda.gov.ua