Tortura tras los muros: Сómo Rusia elimina la supervisión de los lugares de detención
A principios de noviembre de este año, la Federación Rusa se retiró oficialmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. Como consecuencia, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos. Inhumanos o Degradantes (CPT) ya no podrá inspeccionar los lugares de detención en el país. ¿Qué significa esto para los miles de ucranianos —prisioneros de guerra y civiles— a los que Moscú mantiene detenidos?
¿QUÉ ES EL CPT?
El CPT es un órgano de supervisión independiente del Consejo de Europa, establecido en virtud del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, aprobado el 26 de noviembre de 1987. El Convenio entró en vigor el 1 de febrero de 1989, fecha en la que el Comité comenzó su labor. Su creación supuso una importante innovación en el derecho internacional: en lugar de limitarse a castigar a los culpables tras la comisión del delito, se estableció un mecanismo de inspecciones periódicas de los lugares de privación de libertad para prevenir la tortura.
La función principal del CPT consiste en realizar inspecciones periódicas de los lugares en los que las personas se encuentran privadas de libertad contra su voluntad. No se trata únicamente de las cárceles. Su ámbito de supervisión abarca los centros de detención preventiva y los centros penitenciarios, las comisarías de policía, los hospitales psiquiátricos y otras instituciones en las que se priva a las personas de libertad por decisión de los órganos estatales.
La particularidad del Comité radicaba en sus amplias competencias. Sus representantes podían visitar cualquier centro de privación de libertad en el territorio del Estado parte, desplazarse libremente por las instalaciones, comunicarse con los reclusos sin la presencia de la administración y recabar información sobre las condiciones de su detención, la asistencia sanitaria, la alimentación y el trato dispensado a los reclusos.
Las visitas podían ser programadas (normalmente una vez cada cuatro años) o no programadas, cuando surgía la necesidad de una inspección urgente. Se notificaba al Estado con antelación la intención de realizar la visita, pero, tras la notificación, los inspectores podían presentarse en una institución concreta sin previo aviso.

Foto: DV / Y. Vishnevets
RUSIA Y CPT
Tras cada visita, el Comité elaboraba un informe en el que exponía los problemas detectados y las recomendaciones para subsanarlos. A continuación, se entablaba un diálogo con las autoridades nacionales: el Estado debía responder a las observaciones e informar de las medidas que había adoptado. Los informes solían ser confidenciales, pero los gobiernos podían aceptar su publicación. Si el Estado se negaba a cooperar o hacía caso omiso de las recomendaciones, el Comité tenía derecho a emitir una declaración pública.
Es importante entender que el CPT no era un tribunal y no dictaba sentencias. No determinaba la responsabilidad penal de funcionarios concretos. Su mandato consistía en prevenir la tortura mediante la supervisión independiente y la formulación de recomendaciones. De este modo, complementaba la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La CPT tenía la posibilidad de ver lo que ocurría a puerta cerrada en las cárceles rusas, mientras que el TEDH se ocupaba principalmente de examinar las consecuencias de las violaciones que ya se habían producido.
Rusia se sumó al Convenio en 1998. Hasta 2021, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había realizado 30 visitas al país y había inspeccionado más de 450 centros de detención. Sin embargo, durante todo el período de las inspecciones, las autoridades rusas solo accedieron a hacer públicos cuatro informes. El resto permaneció clasificado. Es decir, incluso cuando Rusia era formalmente parte del Convenio, en la práctica limitaba la transparencia de su sistema penitenciario.
Tras 2021, la cooperación se interrumpió: las autoridades rusas dejaron de permitir el acceso de los representantes del Comité a sus instituciones. La retirada del Convenio el 1 de noviembre de 2026 no hizo más que consagrar jurídicamente este aislamiento.
UCRANIANOS EN CAUTIVERIO RUSO O LA TORTURA COMO SISTEMA
Es imposible determinar el número exacto de ucranianos que se encuentran cautivos en Rusia. Según datos de la Iniciativa Mediática por los Derechos Humanos, a fecha de 16 de septiembre de 2026, la Federación Rusa mantiene detenidos ilegalmente a 2.654 civiles ucranianos. Pero, en realidad, su número es mucho mayor. La situación de los civiles suele ser incluso más complicada que la de los prisioneros de guerra: Rusia no los reconoce como una categoría distinta de personas detenidas ilegalmente; en cambio, suele presentar su detención como un procesamiento penal conforme a la legislación rusa.
Tanto los prisioneros de guerra como los civiles ucranianos son víctimas de torturas y malos tratos en Rusia. Según datos de la ONU, así lo afirmaron el 96 % de los prisioneros de guerra ucranianos liberados que participaron en la encuesta y el 84 % de los civiles liberados. Ya en octubre de 2024, la Comisión Internacional Independiente de la ONU llegó a la conclusión de que las torturas infligidas por las autoridades rusas a civiles y prisioneros de guerra ucranianos presentan indicios de constituir un crimen de lesa humanidad. Y no se trataba únicamente de los territorios ucranianos ocupados: la Comisión constató prácticas similares también en los centros de detención situados en el propio territorio de la Federación Rusa.

Lema tatuado por un cirujano en el abdomen del prisionero ucraniano Andriy Pereverzev / Foto: nashaniva.com
Los testimonios de los ucranianos liberados del cautiverio ruso dan cuenta de la magnitud y la crueldad de las torturas. Andriy Pereverzev, militar de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportada, que fue hecho prisionero en febrero de 2024, contó cómo los militares rusos le golpeaban y le aplicaban descargas eléctricas en las heridas abiertas. Posteriormente, el cirujano le grabó a fuego en el abdomen la inscripción “gloria a Rusia” y la letra Z. Esta historia se dio a conocer mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Otro ejemplo es el de una civil ucraniana, Natalia Vlasova: capturada ya en marzo de 2019, sufrió cuatro meses de torturas y abusos sexuales en el centro de tortura “Izolyatsia”, en Donetsk. Asimismo, fue intimidada con amenazas de secuestrar y matar a su hija pequeña.
La ONU y las autoridades ucranianas han documentado cientos de casos de fallecimiento de ciudadanos y militares ucranianos en prisiones y campos rusos a causa de las torturas y la falta de asistencia médica. Según señaló Oleg Gushchyn, representante del Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra, en los centros de cautiverio rusos se aplicaron todos los tipos de tortura definidos en el Protocolo de Estambul.

Consecuencias de la tortura / Foto de Kostiantyn y Vlada Liberov
¿QUÉ MECANISMOS INTERNACIONALES QUEDAN?
Tras el anuncio de la retirada de Rusia del Convenio, surge una pregunta lógica: ¿significa esto que las organizaciones internacionales han perdido por completo la posibilidad de supervisar la situación de la tortura en Rusia? No. A pesar de la retirada del Convenio, siguen existiendo tres mecanismos internacionales que permiten recopilar y documentar testimonios sobre la tortura y otras violaciones de los derechos humanos.
1. Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura
Rusia sigue siendo parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que ratificó ya en 1987. Esto significa que sigue teniendo obligaciones en virtud del Derecho internacional en lo que respecta a la prevención de la tortura, la investigación de dichos casos y la persecución de los responsables.
Pero hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta: Rusia no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT). Este protocolo es precisamente el que establece un sistema de visitas periódicas e independientes a los lugares de privación de libertad. Por lo tanto, Rusia tampoco cuenta con el correspondiente mecanismo nacional de prevención en el marco de dicho protocolo.
2. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Rusia
Este mandato, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2022 debido al grave deterioro de la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, sigue siendo uno de los instrumentos más importantes de la supervisión internacional. Desde 2023, la conocida periodista búlgara Mariana Katzarova es la Relatora Especial de la ONU para los derechos humanos en Rusia.

Mariana Katzarova, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa / Foto: Ukrinform
Sin embargo, el Relator Especial no tiene la facultad de inspeccionar las prisiones rusas de manera independiente. Además, Moscú ha prohibido a Mariana Katzarova la entrada en Rusia. En una entrevista con Ukrinform, la Relatora Especial de la ONU subrayó que la represión dentro de la Federación Rusa y la agresión más allá de sus fronteras son componentes de una misma política. Señala que “...los cautivos ucranianos son tratados con una crueldad particular debido a un alto nivel de impunidad”.
3. Mecanismo de Moscú de la OSCE
El Mecanismo de Moscú de la OSCE es un procedimiento para la investigación independiente de violaciones de los derechos humanos, establecido en 1991. Permite que un grupo de Estados participantes inicie una investigación de este tipo en otro Estado, incluso sin el consentimiento de este último. Los expertos designados recaban testimonios, analizan documentos y pruebas, y elaboran un informe que contiene sus conclusiones. En el contexto de la guerra ruso-ucraniana, este mecanismo se ha utilizado para documentar la detención ilegal de civiles ucranianos, así como la tortura y el maltrato a los prisioneros de guerra. En 2024, 45 Estados participantes de la OSCE recurrieron a este mecanismo para examinar la situación de los civiles detenidos ilegalmente por Rusia y, en 2025, 41 Estados iniciaron una investigación sobre violaciones relacionadas con los prisioneros de guerra ucranianos. El mecanismo permite documentar crimenes incluso sin tener acceso a los lugares de detención; no obstante, no sustituye la supervisión física periódica de las prisiones.
MISIÓN HUMANITARIA DE LA CRUZ ROJA
Otra dimensión del problema es la falta de acceso humanitario independiente a los prisioneros de guerra ucranianos; precisamente lo que debería estar haciendo la Cruz Roja. De conformidad con la III Convención de Ginebra de 1949, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene derecho a visitar a los prisioneros de guerra, comprobar sus condiciones de detención y comunicarse con ellos sin testigos. La parte que retiene a los prisioneros está obligada a garantizar dicho acceso. Sin embargo, desde 2024, el CICR no tiene acceso a los prisioneros de guerra ucranianos que se encuentran en Rusia y en los territorios ocupados por este país. En julio de 2026, la presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric Egger, volvió a plantear la cuestión del restablecimiento del acceso durante su visita a Moscú; sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo al respecto. Hasta agosto de 2026, el CICR había visitado a más de 9.800 prisioneros de guerra de ambos bandos, aunque la gran mayoría de estas visitas tuvieron lugar en Ucrania. La denegación de acceso no demuestra, por sí misma, que determinados detenidos hayan sido torturados, pero priva al mecanismo humanitario independiente de la posibilidad de verificar las condiciones de su detención.
¿CUÁL ES EL RESULTADO?
En efecto, la única opción de la que dispone actualmente la comunidad internacional es documentar los crímenes de la Federación Rusa: recopilar testimonios de ucranianos que han sido liberados, analizar documentos, determinar el carácter sistemático de las violaciones, elaborar informes y reunir material para futuros procedimientos judiciales.

Regreso de soldados ucranianos del cautiverio ruso / Foto: Ukrinform
Por lo tanto, en este caso no se trata simplemente de la retirada de Rusia del Convenio, sino del desmantelamiento del control internacional sobre el sistema penitenciario ruso, en un contexto de uso sistemático de la tortura como instrumento de violencia estatal. Rusia está eliminando la supervisión independiente precisamente en un momento en que las organizaciones internacionales han reunido un volumen creciente de pruebas sobre los crímenes cometidos en sus centros de detención.
Svitlana Shevtsova, Kyiv
Primera foto: Ukrinform