Abogados internacionales redactan un expediente para acusar a Rusia de usar hambre como arma de guerra
Según Ukrinform, lo informó The Guardian.
"El objetivo es documentar casos en los que los invasores rusos usaron hambre como arma de guerra", dice el artículo.
Las pruebas se entregarán a la Corte Penal Internacional, para que pueda iniciar el primer proceso de este tipo que podría acusar al presidente ruso, Vladimir Putin.
En este sentido, Yousuf Khan, abogado principal del bufete de abogados Global Rights Compliance, explicó que “la militarización de los alimentos se ha producido en tres etapas” en medio de la invasión a gran escala de Rusia.
La primera de ellas surgió cuando las ciudades ucranianas fueron sitiadas y se cortó el suministro de alimentos. Entre los incidentes documentados se encuentra la muerte de 20 civiles en Cherníguiv el 16 de marzo de 2022, cuando bombas de fragmentación rusas explotaron frente a una tienda donde los ucranianos hacían cola para comprar pan y comida. Otro caso se refiere a Mariúpol, donde se cortaron los suministros de alimentos a la ciudad y se bloquearon o bombardearon corredores de ayuda humanitaria, lo que hace muy difícil o imposible que personas desesperadas y hambrientas huyan.
La segunda etapa incluye la destrucción por parte de los rusos de los suministros de alimentos y agua, así como de las fuentes de energía en toda Ucrania durante los combates. El caso afirma que estos objetos eran "indispensables para la supervivencia de la población civil". Estos ataques "no fueron crímenes de resultado, sino crímenes de intención", subraya el abogado.
La tercera etapa son los intentos de Rusia de impedir o restringir las exportaciones de alimentos ucranianos. "Hemos visto a Rusia atacar instalaciones de cereales en el Danubio mostrar músculo en el Mar Negro", dijo Khan.
Como se especifica en el artículo, Global Rights Compliance trabajará con la PGO de Ucrania hasta finales del próximo año para redactar el expediente. La intención es hacer una presentación de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma, permitiendo a terceros enviar información sobre presuntos crímenes de guerra al fiscal de la CPI.
