La Rada aprueba la ley que restablece la independencia de NABU y la SAP
La Verjovna Rada ha aprobado el proyecto de ley presentado por el presidente Volodymyr Zelensky para restablecer la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP).
Así lo informa un corresponsal de Ukrinform.
La iniciativa legislativa N° 13533 fue apoyada por 331 diputados.
La nota explicativa señala que la versión del Código de Procedimiento Penal de Ucrania, aprobada por el Parlamento el 22 de julio, contiene riesgos potenciales para el funcionamiento eficaz de la infraestructura anticorrupción en Ucrania, en particular en lo que respecta a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
La ley tiene como objetivo garantizar la independencia institucional de la NABU y la SAP, así como asegurar una protección confiable de sus actividades frente a la influencia e interferencia del Estado agresor.
El documento también contiene disposiciones destinadas a consolidar el estatus de la Fiscalía Especializada Anticorrupción como un órgano que realiza de manera independiente la gestión procesal de las investigaciones sobre delitos que son competencia de la NABU.
Al mismo tiempo, las disposiciones de la ley proponen un mecanismo para prevenir actividades de inteligencia y subversivas por parte de servicios especiales extranjeros contra empleados de organismos anticorrupción.
El documento introduce nuevos mecanismos preventivos y de contrainteligencia para proteger a las agencias anticorrupción de la posible influencia de un Estado agresor.
La ley modifica la legislación de procedimiento penal con el objetivo de fortalecer la independencia institucional del SAP y la NABU, así como introducir garantías adicionales contra la posible influencia del Estado agresor sobre los organismos anticorrupción.
La iniciativa prevé que el fiscal general (o la persona que ejerza sus funciones) tendrá derecho a dar instrucciones escritas al jefe del órgano de investigación previa al juicio, con excepción de las unidades de detectives y la unidad de control interno de la NABU. Al mismo tiempo, el fiscal general adjunto y jefe de la SAP, su primer adjunto o su adjunto tendrán la facultad de modificar, complementar o retirar los recursos de apelación y de casación, así como las solicitudes de revisión de decisiones judiciales presentadas por ellos personalmente o por los fiscales de la SAP.
El fiscal general tiene derecho a asignar otro órgano de investigación previa al juicio para investigar los delitos que caen bajo la jurisdicción de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) en caso de que la BEB no pueda trabajar de manera efectiva o funcionar durante la ley marcial.
El fiscal general también tiene la autoridad de asignar a la BEB la investigación de casos que caen bajo la jurisdicción de otros organismos. Al mismo tiempo, el proyecto de ley prohíbe la transferencia de casos de la NABU a otros órganos de instrucción, salvo en los casos en que la NABU no pueda funcionar eficazmente. En tales casos, solo el fiscal general o el director de la SAP podrán tomar la decisión correspondiente.
Además, la ley estipula que los jefes de los órganos de instrucción están obligados a cumplir las instrucciones escritas del fiscal, y el incumplimiento conllevará responsabilidades. La excepción son los casos gestionados por los detectives de la NABU, quienes solo están obligados a cumplir las instrucciones escritas del fiscal de la SAP.
El incumplimiento de dichas instrucciones será motivo de retirada del detective de la investigación.
La iniciativa prevé que las unidades operativas (la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la NABU, la Oficina Estatal de Investigación, la Oficina de Seguridad Económica, la guardia fronteriza, el sistema penitenciario, etc.) lleven a cabo investigaciones y acciones de investigación encubiertas siguiendo las órdenes escritas de un investigador, un oficial de investigación o un fiscal. Las unidades de la NABU solo lo harán siguiendo instrucciones escritas de un detective o un fiscal de la SAP.
A su vez, el fiscal de la SAP tiene derecho a reconocer ciertos procedimientos como sujetos a la investigación de la NABU mediante su decisión si el delito ha causado o puede causar graves consecuencias para los derechos humanos o los intereses del Estado. En este caso, los detectives de la NABU podrán investigar casos bajo la jurisdicción de otras autoridades, previo acuerdo con la dirección de la SAP.
Si el control interno de la NABU detecta delitos relacionados con la corrupción o abuso de poder entre sus empleados (a excepción del director y sus adjuntos), dichos procedimientos serán investigados por detectives de la NABU.
En caso de controversia sobre qué autoridad tiene jurisdicción sobre un procedimiento determinado, la decisión la tomará el jefe de la fiscalía de más alto nivel
Si el caso es competencia de la NABU, la controversia será resuelta por el fiscal general o el director de la SAP. Si el procedimiento es competencia de la BEB, solo el fiscal general podrá resolver la controversia.
La ley especifica que, en casos excepcionales y urgentes, un fiscal, investigador o funcionario de investigación puede ingresar al hogar u otra propiedad de una persona sin una orden judicial si esto es necesario para salvar a personas o perseguir inmediatamente a un sospechoso.
Se estipula que la decisión del fiscal de cerrar un caso contra un sospechoso específico no impide que la investigación continúe dentro del mismo proceso penal.
También es posible ampliar el plazo de la investigación previa al juicio a 12 meses por decisión del juez de instrucción, si la solicitud correspondiente es aprobada por el Fiscal General o sus adjuntos.
La ley aclara el procedimiento para la aprobación de acuerdos de culpabilidad en procedimientos bajo la jurisdicción de la NABU. Dichos acuerdos se concluirán con la aprobación obligatoria de la dirección de la SAP en casos de faltas, delitos leves, graves o especialmente graves.
Al mismo tiempo, se establece un procedimiento especial para los procesos penales contra el director de la NABU y sus empleados. La notificación de sospechas a un miembro del parlamento, candidato presidencial, comisionado de derechos humanos, dirigentes de la NABU, fiscales de la SAP y otros altos funcionarios la realiza el fiscal general o el director de la SAP.
El documento también establece la independencia de los fiscales de la SAP. El fiscal general, su primer adjunto y sus adjuntos no tendrán derecho a dar instrucciones a los fiscales de la SAP ni a interferir de ninguna manera en su trabajo. Las órdenes administrativas relativas a la organización del trabajo de la SAP se emiten únicamente con el consentimiento de su titular.
Al mismo tiempo, se están introduciendo medidas de seguridad adicionales para verificar la integridad y la lealtad de los empleados de las principales agencias policiales y anticorrupción.
En particular, las unidades de control interno de la NABU, la SAP, la BEB, la Oficina del Fiscal General, la DBR (Oficina Estatal de Investigacione) y la Policía Nacional deberán realizar pruebas de polígrafo (detector de mentiras) a sus empleados que tengan acceso a secretos de Estado al menos una vez cada dos años.
Estas investigaciones se realizarán mediante una metodología acordada con el SBU (Servicios de Seguridad de Ucrania) y estarán orientadas a identificar posibles acciones a favor del Estado agresor.
Al mismo tiempo, la ley obliga al SBU a realizar una verificación de todos esos empleados —es decir, aquellos que tienen acceso a secretos de Estado en los órganos especificados— por posible cooperación con el Estado agresor dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
El documento también obliga a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia a intensificar sus esfuerzos para buscar y traer de regreso a Ucrania a las personas que se esconden en el extranjero para escapar de la investigación, el juicio o el castigo.
De ser necesario, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, deberán, junto con el Gabinete de Ministros, preparar y presentar a la Verjovna Rada las modificaciones adecuadas a la legislación para aumentar la eficacia de la cooperación en materia de extradición con otros Estados.
La ley también excluye una serie de disposiciones de la legislación vigente que prevén poderes especiales del fiscal general y la aplicación de un procedimiento especial para los procesos penales a determinadas categorías de funcionarios.
En particular, las disposiciones que otorgaron al fiscal general (o a la persona que ejerza sus funciones) el derecho de designar a los primeros adjuntos y adjuntos del Fiscal General, incluido el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, como fiscales en procesos penales específicos.
También se ha eliminado la disposición que permitía delegar sus poderes a otros fiscales exclusivamente por decisión del fiscal general.
La ley excluye la disposición según la cual las disputas de jurisdicción en casos que puedan ser competencia de la NABU o de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania serán resueltas por el fiscal general. Esto elimina el riesgo potencial de interferencia administrativa en la determinación de la jurisdicción de los casos anticorrupción.
Además, el documento deroga la disposición que permitía a los participantes en los procedimientos presentar solicitudes directamente al fiscal general para el cierre de los procesos penales en casos que involucraran a los más altos funcionarios del estado y los gobiernos locales, jueces, fiscales, agentes del orden público y directores de empresas estatales. Esto tiene como objetivo evitar la influencia política o administrativa en la conclusión de dichas investigaciones.
También se ha excluido la disposición que estipulaba la aplicación de procedimientos penales especiales a funcionarios como el primer ministro, los ministros, sus adjuntos, dirigentes de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, la Oficina Estatal de Investigación, la Oficina de Seguridad Económica, altos funcionarios públicos (categoría "A") y otros funcionarios de alto rango. Esta decisión tiene por objeto garantizar la igualdad ante la ley y prevenir el abuso de las garantías procesales especiales.
Como informó Ukrinform, el 22 de julio, la Verjovna Rada aprobó una ley que reducía los poderes de la NABU y la SAP. Ese mismo día, el presidente Volodymyr Zelensky la firmó.
En Kyiv y otras ciudades de Ucrania se celebraron manifestaciones contra la nueva ley.
El 24 de julio, Zelensky aprobó el texto de un proyecto de ley sobre la independencia de la infraestructura anticorrupción, que la Verjovna Rada considerará el 31 de julio.
El 25 de julio, los activistas en Kyiv llamaron a los ucranianos a reunirse el miércoles 30 de julio, así como el día de la votación, el 31 de julio, para mostrar a los diputados que esperan una “decisión justa” de su parte.
Foto: Facebook / Ruslan Stefanchuk, ilustrativa