APCE reconoce la deportación de niños ucranianos a Rusia como genocidio

Según el corresponsal de Ukrinform, la resolución correspondiente fue adoptada en la sesión de primavera de la APCE.  

El documento "Deportación y traslado forzoso de niños ucranianos y otros civiles a la Federación Rusa o a los territorios temporalmente ocupados de Ucrania: crear condiciones para su regreso seguro, poner fin a los delitos y castigar a los culpables" fue adoptado por 87 diputados de los 89 presentes. Uno se opuso y otro se abstuvo. 

La resolución establece que la ONU, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la OSCE han condenado enérgicamente la práctica del desplazamiento forzoso y la deportación de civiles, incluidos niños, por parte de la Federación Rusa del territorio de Ucrania en los últimos meses y semanas.  

"Usando esta práctica, la Federación Rusa a menudo les impone la nacionalidad rusa, lo que también conduce a la violación del derecho de los niños a la identidad y facilita la adopción ilegal de niños ucranianos por familias rusas. Tales prácticas están prohibidas por el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la ley penal y deben ser juzgados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El desplazamiento forzoso de niños constituye un crimen de genocidio, que debe ser investigado y juzgado exhaustivamente”, se dice en el documento. 

La Asamblea Parlamentaria condenó las acciones de las autoridades rusas en violación de sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, que consisten en "retrasos injustificados en la repatriación de niños y obstáculos en la reunificación de familias separadas como consecuencia de este conflicto armado". La Asamblea también condenó la violación de los derechos de los niños ucranianos deportados a preservar su identidad, consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 8) de la ONU, "con la práctica de la imposición forzada de la nacionalidad rusa y el traslado de niños para que sean criados en familias de ciudadanos de la Federación Rusa".  

La APCE enfatizó que el carácter organizado y sistemático del desplazamiento forzado y la deportación "nos permiten concluir que estos crímenes no son ocasionales o no planificados" e indican la intención "de destruir Ucrania y la identidad ucraniana, así como las características culturales y lingüísticas de su gente".  

"La Asamblea enfatiza que el traslado forzoso de niños de un grupo a otro con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso constituye el crimen de genocidio en virtud del artículo 2(e) de la Convención de Genocidio de 1948, lo que se confirma por las evidencias documentadas de deportación y traslado forzoso de niños ucranianos a la Federación Rusa o a territorios temporalmente bajo la ocupación de Rusia”, se afirma en el documento.  

La Asamblea también declaró la necesidad de un registro, recopilación y evaluación cuidadosos de las pruebas del crimen de genocidio, según lo estipulado en el Estatuto de Roma y la Convención de Genocidio. La Asamblea apoyó la investigación y el enjuiciamiento de la política estatal de la Federación Rusa de desplazamiento forzoso y deportación de niños ucranianos, así como respaldó las posibles acciones de Ucrania en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  

La APCE también "hace un llamamiento a... la Corte Penal Internacional para que examine con toda seriedad el posible enjuiciamiento penal por el delito de genocidio en vista de la política estatal de la Federación Rusa con respecto a los niños ucranianos, que están en sus manos, y pide a los Estados participantes a considerar la posibilidad de enjuiciamiento penal por todos los delitos en sus tribunales penales nacionales, cuando sea posible (en Ucrania o en tribunales de terceros países con jurisdicción universal)", se dice en la resolución.  

Como informó Ukrinform, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y la defensora del Niño rusa, Lvova-Belova, sospechosos de deportar ilegalmente a niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia desde al menos febrero de 2022. 

AV